Hemos visto a lo largo de seis capítulos del Título anterior, distintos problemas que se le han planteado al Concierto Económico en el ámbito judicial aunque has podido comprobar que en los dos últimos que hemos analizado las noticias que llegaban para el Concierto eran alentadoras. Pues bien, aprovechándome de ese positivo estado de ánimo me voy a permitir volver a contarte una historia triste que se inició hace más de veinte años y que se centra en los conflictos que han padecido las instituciones forales vascas y por extensión la propia Comunidad Autónoma Vasca con la Comisión Europea y que, finalmente, no ha terminado de una forma muy satisfactoria, aunque, afortunadamente, los daños quedaron acotados.

A pesar de esta introducción tan poco positiva, sin embargo, te animo a leer lo que viene a continuación que creo, en cualquier caso, es aleccionador.

Los conflictos con la Comisión Europea y las sanciones recibidas 

Nuestros vecinos del sureste abren un nuevo frente

Como hemos visto hasta ahora, la Comunidad Autónoma de La Rioja no cesó en su esfuerzo por acabar con la autonomía normativa en materia del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Autónoma Vasca, recurriendo para ello ante el Tribunal Constitucional y ante la jurisdicción contencioso-administrativa en innumerables ocasiones.

Siguiendo la misma estrategia, aquella Comunidad Autónoma se dio cuenta de que explotando el nebuloso concepto de las prohibidas ayudas de estado, tenía el camino abierto para acudir a la Comisión Europea (que es algo parecido al Gobierno de la Unión Europea) para demandar de la misma el enjuiciamiento de las disposiciones de los Territorios Históricos desde la citada perspectiva206.

Como apunta acertadamente Iñaki Alonso Arce en su excelente obra “El Concierto Económico en Europa”, la decisión de acudir a la Comisión pudo deberse a dos principales motivos: por un lado, la labor incesante de este organismo de vigilar el cumplimento de las normas del Derecho europeo, mediante los instrumentos que el Tratado de la Unión Europea le atribuye al efecto. Y, por otro lado, la convicción de La Rioja de que este medio de ataque podría suponer el fin de las normas forales del Impuesto sobre Sociedades.

Pero esta Comunidad tan celosa en la persecución de las barrabasadas vascas, gastó en balde los honorarios pagados a sus abogados, porque no obtuvo el éxito esperado, ya que la Comisión rechazó, una y otra vez, tales denuncias, alegando que no se inmiscuiría en las cuestiones internas del Reino de España, que a su juicio no revestían carácter comunitario.

Las cosas se complican, por dos casos concretos

De hecho, a pesar de que la Comisión Europea recabase información sobre las llamadas “vacaciones fiscales” a las autoridades españolas en 1993 y 1994, con posterioridad no volvió a dar “señales de vida”, hasta que pasó lo que pasó.

Por si no lo recuerdas, en 1997, la cosa cambió, ya que tras la publicación de una nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades foral, se produjeron dos movimientos empresariales que beneficiaron al Territorio Histórico de Araba y que originaron una gran polémica. Por un lado el “caso Ramondín” (el traslado desde La Rioja a Araba de la fábrica del principal productor mundial de cápsulas para botellas). Y, para complicar más el asunto, la creación de una planta de fabricación de electrodomésticos por una multinacional coreana muy importante, de nombre Daewoo.

Como hemos explicado muy bien en el capítulo 19 anterior, siguiendo a Iñaki Alonso Arce en la obra que venimos comentando, ambas empresas se beneficiaron de dos incentivos fiscales concedidos por la Diputación Foral de Araba: el de las denominadas “minivacaciones fiscales” (reducción de la base imponible para las empresas de nueva creación) y otro de un crédito fiscal del 45% que se reconocía a las grandes inversiones.

Ante esta situación, algunas empresas competidoras denunciaron dichas ayudas forales ante la Comisión Europea. Este organismo, siguiendo el Tratado, se vio obligado a analizar cada una de las denuncias interpuestas, y de ese modo, comenzó un procedimiento sobre esos dos casos concretos.

Una vez analizados los mismos, la Comisión, consideró que se trataba de “ayudas estatales contrarias al mercado común”, y por ello, decidió dar un paso más, este extremadamente grave: decidió actuar por elevación y en lugar de limitarse a analizar y sancionar dos casos concretos, comenzó a analizar dichas medidas respecto a cada uno de los contribuyentes sobre los que se hubieran aplicado, considerando la posibilidad de exigir a los beneficiarios la recuperación de las cantidades disfrutadas en base a las mismas, a pesar de que, en estos casos, nadie había denunciado los mismos.

La verdad es que yo nunca pensé que aquello podía acabar mal (no sé cuál fue entonces tu opinión), porque la Diputación Foral de Araba se había inspirado en iniciativas a las inversión similares que habían estado vigentes en España, Francia, Bélgica, sin que la Comisión Europea, siempre vigilante, hubiera levantado una ceja. Pero, desafortunadamente, los tiempos habían cambiado, para mal.

Porque finalmente, la Comisión declaró, tanto para los casos de Ramondín y Daewoo, como para el resto de procedimientos que había analizado, que las minivacaciones fiscales y el crédito fiscal del 45%, se consideraban ayudas de estado y que por lo tanto ambas eran incompatibles con el Tratado de la Unión Europea (¡Con la iglesia hemos topado amigo Sancho! Hubiera dicho Don Quijote ante un caso así, mientras levantaba amenazadoramente su afilada lanza. Pero contra la Comisión Europea no valen las lanzas, además de que dudo que la Diputación Foral de Araba tenga muchas, sino agachar la cabeza… y pagar).

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