En este Título I lo que pretendo es analizar algo que te parecerá interesante. Como sabes muy bien, el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979, 36 años después todavía no ha sido modificado. De hecho, es el único de los Estatutos de las diecisiete Comunidades Autónomas que no ha sufrido ninguna modificación desde su aprobación, lo cual no deja de ser llamativo e ilustrativo de cómo se encuentra el debate estatutario a la altura que nos encontramos.

Es cierto que hubo un intento de reforma en 2004 que va a ser objeto de análisis en el capítulo primero de esta Parte pero, por las razones que vas a poder leer, no llegó a buen puerto.

Independientemente de lo anterior, analizaremos en el capítulo dos cuál podría ser el posicionamiento que tendría el Concierto Económico en una futura reforma del Estatuto de Autonomía vasco que está siendo objeto de debate por una ponencia específica en el Parlamento Vasco, sin que en el momento en que redacto estas líneas se haya llegado a ningún acuerdo, por lo que es previsible que se enfocará a partir del año 2016.

Espero que el contenido de estos dos capítulos te resulte interesante.

 

El tratamiento del Concierto Económico en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, de 2004

Un tema muy controvertido

Como señala Wikipedia, en la redacción que daba al tema el 2 de enero de 2014, la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, presentada por el Gobierno Vasco y aprobada por el Parlamento Vasco, también llamada “Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi, nuevo Estatuto Político de Euskadi” (o como popularmente es conocida, “Plan Ibarretxe”) fue anunciada por el Lehendakari Juan José Ibarretxe, en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco, el 30 de septiembre de 2001.

El Gobierno Vasco, de conformidad con lo que dispone el artículo 46.1. del Estatuto de Autonomía, aprobó la propuesta de reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi y dio traslado de la misma al Presidente del Parlamento Vasco. La mesa de la Cámara Vasca, en su reunión de 4 de noviembre de 2001, admitió a trámite esa propuesta de reforma del Estatuto, para su tramitación conforme al procedimiento legislativo ordinario.

En paralelo, el Consejo de Ministros, el 7 de noviembre de 2003, acordó impugnar ante el Tribunal Constitucional los acuerdos tomados por el Ejecutivo y el Legislativo vasco. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, por Auto de 20 de abril de 2004, decidió la inadmisión a trámite y el archivo de actuaciones de la impugnación que hizo el Gobierno español, teniendo como argumento base la inimpugnabilidad de los actos de trámite en el procedimiento legislativo (para explicarlo en lenguaje coloquial, no admitió a trámite el recurso que había presentado el Gobierno español, por el hecho de que todavía no se había producido ningún tipo de decisión, sino que se estaba hablando de una simple propuesta).

La tramitación en el Parlamento Vasco tuvo el apoyo de los tres grupos que en aquel momento componían el Gobierno Vasco (Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-Berdeak. Sin embargo, lo sorprendente es que los tres miembros del tripartito gobernante plantearon enmiendas propias. Por su lado, tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista Obrero Español, es decir, los partidos mayoritarios en España pero entonces en la oposición en el País Vasco, mantuvieron una oposición, radicalmente frontal, a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. De hecho, PSOE y PP no participaron en la Comisión del Parlamento Vasco que redactó el proyecto del Nuevo Estatuto y, para completar este cuadro kafkiano, ETA condenó la propuesta y Batasuna la rechazó acusándola de “consolidar la unión con el Estado español, por permitir la coexistencia de la nacionalidad vasca y la española en el País Vasco y por limitarse a un plan que abarcaba a tan sólo tres de las originarias siete provincias de Euskal Herria”.

Lo sorprendente vino en la votación de la propuesta cuando que el entonces portavoz del Grupo Sozialista Abertzaleak, Arnaldo Otegi (al que estoy seguro que conocerás de referencias), leyó una carta del parlamentario y miembro de ETA fugado, Josu Urrutikoetxea, justificando su apoyo al Plan, tras lo cual tres de los miembros de aquel grupo parlamentario que se había opuesto a la propuesta, votaron a favor de la misma y otros tres en contra.

Estoy comentando este punto porque es especialmente significativo, dado que, sin estos tres votos la propuesta no hubiera sido aprobada en el Parlamento Vasco. Además por el apoyo de estos tres miembros del Grupo Sozialista Abertzaleak, la propuesta quedó tildada por los partidos mayoritarios en las Cortes Generales y por los medios de comunicación españoles como “una propuesta de ETA…” a pesar de que ETA la había rechazado radicalmente.

Para completar este cuadro hay que recordar que la Conferencia Episcopal española, a través de su secretariado, se manifestó radicalmente en contra del llamado “Plan Ibarretxe”, por considerarlo “moralmente inaceptable, insolidario, excluyente, por entender que tiene tintes totalitarios, impone el culto a la nación y antepone sus aspiraciones políticas a los derechos de las personas”. Tras esta sorprendente declaración (que personalmente me parece absolutamente increíble, como expresión de una posición religiosa), otros obispos, como el que entonces era titular de la diócesis de San Sebastián, Juan María Uriarte (una persona a la que conozco personalmente y respeto y admiro mucho y a la que, por cierto, en un determinado momento el Gobierno español utilizó para negociar con ETA, para posteriormente ser “crucificado”) se desmarcaron de esa opinión de la Iglesia católica española oficial y consideraron el documento como “no vinculante” (se entiende que moralmente).

Tras la aprobación por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, el 30 de diciembre de 2004, con 39 votos a favor y 35 en contra, y siguiendo el procedimiento legalmente establecido, el Presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de reforma del llamado Estatuto de Gernika. La mesa de la Cámara, el 19 de enero de ese mismo año, la admitió a trámite por un procedimiento que no gustó en absoluto a una serie de grupos parlamentarios, entre ellos los proponentes, que solicitaron que la tramitación de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco se hiciera por otro procedimiento, pero el Tribunal Constitucional no admitió esa demanda.

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